Datos personales: normativa sobre derecho de acceso

Datos personales

Los preceptos reguladores del derecho de acceso en la normativa española aparecen descritos en La Ley Orgánica 15/99 sobre Protección de Datos de Carácter Personal, en su artículo 15, el Real Decreto 1332/1994 y la Instrucción 1/1998 sobre el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación emanada de la Agencia de Protección de Datos.

Derecho autónomo a la protección de datos personales

La creación de un nuevo derecho que se encargara de un servicio jurídico de tal importancia, necesidad y novedoso como son los datos personales, fue puesta de manifiesto con notable trasparencia el 15 de diciembre de 1983 por el Tribunal Constitucional Alemán, en ella se considera inconstitucional parte de la Ley del Censo de Población de 1982 que relata lo siguiente: “…la libre eclosión de la personalidad presupone en las condiciones modernas de la elaboración de datos la protección del individuo contra la recogida, el almacenamiento, la utilización y la transmisión ilimitadas de los datos concernientes a la persona…El derecho fundamental garantiza, en efecto, la facultad del individuo de decidir básicamente por si solo sobre la difusión y la utilización de sus datos personales”.

Del mismo modo, indica la sentencia que no es cuestión de aceptar un derecho ilimitado, sino en honor del interés predominante en la sociedad, el sujeto debe admitir algunas restricciones de este derecho, subrayando que estas limitaciones deben estar fundamentadas en disposición legal de conformidad a la Constitución, ofreciendo en todo momento claridad normativa. A nuestro parecer no puede entenderse en el sentido de sectorializar la regulación de protección de datos para lograr aclararla. Esto demanda una correcta tipificación de los supuestos limitadores del derecho, para conseguir no dar lugar a la inseguridad en el ejercicio del mismo afectando tanto a la seguridad jurídica del sujeto como al contenido principal del mismo derecho.

El Tribunal Constitucional

En España el Tribunal Constitucional, ha sido determinante y concluyente respecto a la exposición de un derecho autónomo e independiente de la protección de datos, indica rotundamente. “…Sin necesidad de exponer con detalle las amplias posibilidades que la informática ofrece tanto para recoger como para comunicar datos personales ni los indudables riesgos que ello puede entrañar, dado que una persona puede ignorar no sólo cuales son los datos que le conciernen que se hallan recogidos en un fichero, sino también si han sido trasladados a otro y con qué finalidad, es suficiente indicar ambos extremos para comprender que el derecho fundamental a la intimidad (art. 18.1 CE) no aporte por si solo una protección suficiente frente a esta nueva realidad derivada del progreso tecnológico”.

La relevancia jurídica de los datos personales

De esta exposición del Tribunal Constitucional se vislumbra perfectamente la indiscutible relevancia jurídica que adquiere la Protección de Datos Personales, hasta llegar al punto de necesitar un Derecho Fundamental autónomo e independiente. La principal misión de este Derecho, es la de proporcionar amparo jurídico a los particulares, de cara al empleo y utilización de sus datos e información personal, independientemente del modo de manipulación de información.

Según expone el propio Tribunal Constitucional, el derecho a la vida privada y a la intimidad (asigna a la persona una serie de facultades, que consisten en diferentes poderes jurídicos, los cuales obligan a terceros deberes jurídicos no contenidos en el escenario del derecho a la intimidad y que su función es garantizar al individuo el poder, control y gestión de sus datos personales), difiere del derecho o libertad del individuo.

Por ello aparecen los derechos a que se soliciete con anterioridad el consentimiento para la recopilación y uso de los datos personales, el derecho a conocer y permanecer informado de la utilización y destino de dichos datos, y finalmente el derecho a acceder, modificar e incluso cancelar los datos en el momento que se desee. Estos derechos en conclusión otorgan el poder de disposición sobre los datos personales, pues estos son propiedad del individuo y pertenecen al ámbito propio de cada uno.

Conclusiones finales

En definitiva, queda patente que en la era de la información los datos personales de cada individuo son esenciales para el imparable crecimiento de gestiones gubernamentales y actividdes productivas. Se pone en manifiesto la enorme variedad posibilidades que esta realidad apresta para la autodeterminación y el entorno propio de los propietarios de los datos. De hecho es indiscutible la necesidad que existía de ofrecer un derecho fundamental autónomo e independiente que concediera a las personas un apropiado medio en derecho, para la defensa de su potestad de disposición y dominio de sus propios caracteres informativos.

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